¿Elecciones en tiempos de crisis?

Por: Roberto A. Gutiérrez G.

 

A unos días de llevarse a cabo las elecciones de 2015 en México, se dibujan algunos escenarios críticos de lo más diversos y complejos. Como breve repaso, debemos recordar que este año, de acuerdo al padrón electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), 80.5 millones de electores registrados deberán renovar o mantener la distribución de la partidocracia dentro de las cámaras legislativas, y en el caso de algunos estados, señalar quién será el nuevo gobernador y a los nuevos mandatarios de las cabeceras municipales.

 

La coalición bipartidista en el poder se encuentra a unos meses de cumplir la mitad de su sexenio y aún no ha sido tangible ninguno de los beneficios prometidos en las elecciones presidenciales de 2012, sino que, por el contrario, la administración de Enrique Peña Nieto ha sido duramente cuestionada a nivel nacional e internacional por la formulación, aplicación y famélicos resultados de sus políticas públicas. Por si fuera poco, lo que va del sexenio ya está fuertemente enmarcado por los excesos de la clase política, la corrupción, la violencia constante desde la administración anterior (pero ahora censurada y minimizada por los medios), además de un entorno de impunidad que se acerca al cinismo y es causa de irritación ciudadana.

 

El ambiente económico no es mínimamente alentador ante el tercer recorte al crecimiento en lo que va del año, de las estimaciones gubernamentales, y con la entrada en vigor de las reformas, aún no es visible algún indicio real de que la economía alcance el 5 por ciento de crecimiento anual o mínimamente se vaya a recuperar del bache en el que hoy se encuentra. Habremos de recordar que el crecimiento fue parte de la bandera económica de Peña Nieto durante la pasada contienda presidencial.

 

Con la aplicación las reformas estructurales, como es el caso de la energética, no se contempló ningún tipo de acción sobre el actuar gubernamental ante una probable y abrupta caída en los precios internacionales del petróleo; con la llegada de este fenómeno, el dependiente gobierno mexicano ha visto desplomarse, junto con los precios, sus expectativas de crecimiento y ha tenido que aplicar una serie de ajustes presupuestales en muchos rubros (excepto en el electoral, entre muchos otros).

 

Otros escenarios se dan en estados como Michoacán, Guerrero, Jalisco, Tamaulipas, Zacatecas, Coahuila, Veracruz y Chiapas (por mencionar los casos más alarmantes), donde han dado cabida al debate de qué tan viable es que se realicen elecciones en entidades donde ni siquiera el electorado tiene la confianza de salir a realizar sus labores cotidianas por el clima de ardua violencia, que el gobierno federal sigue empeñado en delimitar como eventos aislados. El asesinato de cuatro candidatos a cargos públicos en lo que va de la campaña electoral, podría sumarse a los 80 que han sido contabilizados desde el año 2006 (entre alcaldes, diputados locales y federales y otros funcionarios ocupando su cargo), con la llegada al poder de Calderón y el inicio de su guerra contra los cárteles de la droga.

 

Otro aspecto a considerar es la repetición del reciente escenario de Iguala, donde un narcoalcalde operaba con recursos públicos para favorecer el narcotráfico, la extorsión y demás actividades ilícitas, pues existe una permanente disputa en colocar candidatos maleables por parte del crimen organizado en estas elecciones. Es decir, situaciones reprobables en donde los tres niveles de gobierno están inmiscuidos para proteger a los grupos delincuenciales ante la denuncia, podría generar que lo ocurrido en Ayotzinapa se esté repitiendo constantemente cuando la sociedad busca evidenciar estos nexos.

 

Faltan apenas unos días para que todos estos panoramas den como resultado una contienda electoral que estará caracterizada por la crisis gubernamental a nivel económico, político, de seguridad y de confianza; y aún con ello, no se visualizan cambios de estrategia en las campañas ni mucho menos un cambio sustancial en el discurso de los candidatos o del presidente.

 

Algunos países como Canadá, el Reino Unido o Nueva Zelanda, las elecciones parlamentarias se convocan por alguna fuerza política que cuestiona al partido en el poder e incluso puede llegar a ser el mismo partido gobernante quien proponga un periodo electoral, generalmente cuando el país se encuentra en medio o al borde de una crisis de cualquier índole o para terminar de cerrar filas a su favor en el congreso. No obstante, también los países constituidos en una república han decidido entablar el vínculo de aprobación ciudadana a través de elecciones legislativas, e incluso a través de otros mecanismos como el referéndum, el plebiscito y hasta la revocación de mandato, entre ellos están Chile, Costa Rica, Perú, Bolivia y Venezuela.

 

Pero ¿qué pasa en nuestro país?

 

Desde hace algunos años, México atraviesa por una de las crisis de credibilidad gubernamental más fuertes, y con el retorno al poder del PRI la situación palpablemente negativa solo se ha intensificado, comenzando por una elección que a nivel social quedó pendiente por legitimar, para posteriormente ir erosionando más la imagen presidencial y de confianza que hay de los ciudadanos al gobierno, quienes tienen más confianza por otras instituciones como el ejército y la iglesia.

 

Las acciones gubernamentales para intentar recuperar la confianza ciudadana, han sido implementadas de manera paulatina desde el año 2009, con una serie de reformas a las leyes electorales que concluyeron en 2012; una vez pasados las elecciones, el árbitro electoral modificó las reglas para concretar la postulación de candidaturas independientes, evitar la intromisión de gobernadores en las elecciones y de actores privados por medio del pago de campañas en los medios. Mientras en febrero de 2014 se decide hacer una supuesta reestructuración del Instituto Federal Electoral al actual INE, que básicamente sólo cedió la nomenclatura de sus consejeros a los senadores, como la acción más sobresaliente del cambio.

 

Los organismos encargados de la elección a nivel local siguen funcionando con muchas de las reglas anteriores, que no establecen un puente de confianza entre electorado, los candidatos y los mismos árbitros del juego. El caso más sobresaliente de injusticia electoral es el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien viola las leyes electorales de manera constante, apegado a una lógica cíclica de multas, sanciones y nuevas violaciones, que serán resarcidas con dinero público, al que el partido sigue teniendo derecho como resultado de la elección anterior y la manutención ilegal de su registro.

 

Se ha revivido al mismo tiempo, el debate entre el acudir a las urnas, anular el voto o dejarlo en blanco como medida de protesta ante la crisis actual. Otros llaman a votar por cualquier ente diferente a la partidocracia, es decir, candidatos ciudadanos o no registrados. Académicos, intelectuales y ciudadanos en general no coinciden en la forma correcta en que hubiera de aprovechar las urnas como un canal de llamamiento de inconformidad; sin embargo, el punto de convergencia central de todas las ideas, es precisamente que las reglas deben cambiar, pero no como lo dictó en abril pasado el INE que ahora penaliza con 50 y hasta 100 días de multa o prisión de 6 meses a 3 años a quienes llamen a no votar por ningún candidato (La abstención y el llamado a no votar es penado con cárcel en la nueva ley electoral. Diario digital SinEmbargo.), sino en establecer vínculos que garanticen elecciones realmente transparentes, sin excesos políticos ni intromisiones de funcionarios, lo cual, aunado al panorama de violencia y crisis económica, se ve un tanto lejano y utópico, pero que no es imposible siempre y cuando se logre involucrar a más sectores de la sociedad, y canalizar esa indignación e inconformidad hacia la propuesta y la acción ciudadana.

 

¿Con qué credibilidad el gobierno federal espera que, pasadas las elecciones del 7 de junio, el electorado diga a través de las urnas que todo debe seguir igual? Ese viejo dicho de que “Es tiempo de los ciudadanos”, secuestrado y manipulado por candidatos en campaña, debe ser una realidad hoy.

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