Por la democratización de la UNAM

Por: Manuel Cardoso

La elección la llevan a cabo un grupo de personas  (la Junta de Buen Gobierno) que tienen la decisión en sus manos, dejando a un lado a muchos sectores de la Universidad. Foto: UNAM en línea.
La elección la llevan a cabo un grupo de personas (la Junta de Buen Gobierno) que tienen la decisión en sus manos, dejando a un lado a muchos sectores de la Universidad. Foto: UNAM en línea.

 

En el año 2007, Luis Javier Garrido, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, contendió como candidato a la rectoría de la Máxima Casa de Estudios y denunció el proceso de elección como poco democrático. Ante la pregunta de por qué participar si no coincidía con el método de elección, aseguró que la “participación en este proceso poco democrático, y en el que aparentemente los dados están cargados, obedece a una demanda de amplios sectores de universitarios que han querido que se exprese la voz de la verdadera universidad con una propuesta clara” (La Jornada 22 de octubre de 2007).

 

En aquel proceso, José Narro Robles llegó a la rectoría con la sospecha de ser el “candidato oficial” y con acusaciones de ser un operador político del Partido de la Revolución Institucional (PRI) durante el Congreso Universitario de 1990; sin embargo, independientemente de si las señalizaciones son ciertas o no, muchas voces se manifestaron en contra de la forma de elegir, más que sobre los proyectos o los candidatos

 

Y es que una cosa es clara, la elección la llevan a cabo un grupo de personas (la Junta de Buen Gobierno) que pueden tener prestigio o no, pero tienen la decisión en sus manos, dejando a un lado a muchos sectores de la Universidad (movilizados o no) en el proceso de elección de quien será su representante ante la sociedad por cuatro años.

 

Según algunos sectores, si el proceso llegara a abrirse a una elección universal, se correría el riesgo de tener una reproducción del sistema electoral mexicano en pequeño con sus consabidas prácticas de acarreo, compra de votos y corporativismo, lo cual rompería con la pulcritud de la UNAM; sin embargo hay dos cosas. Por un lado, no se confía en la calidad de los electores; es decir, en la posibilidad de que estudiantes, trabajadores, académicos y administrativos tengan la suficiente “consciencia” como para emitir un voto. No obstante, al mismo tiempo es no querer ver cosas que ya suceden de por sí, pues en toda elección de los diferentes consejos que componen las facultades (consejos técnicos) y la UNAM (consejo académico y consejo universitario) son prácticas que se encuentran presentes dese hace tiempo.

 

La elección del rector de la UNAM es tan importante, por el propio prestigio de la institución, que universitarios o no se animan a reflexionar y a opinar sobre la elección en la prensa y hasta en las aulas; pero también es claro que por su propia envergadura es indispensable considerar la posibilidad de intereses políticos detrás. Y no es tan descabellado, pues incluso en los comentarios en los pasillos y explanadas siempre se ha planteado que el rector de la UNAM se decide desde la Presidencia de la República.

 

Al ser la Junta de Buen Gobierno el órgano elector, para muchos es importante cuál es su composición, para ver si allí existen intereses externos o internos que puedan ser canalizados para proponer un nombre. Pero si el análisis o la opinión versan en ese tono, se dejan fuera elementos mucho más generales y de la naturaleza misma del proceso.

 

La única forma de lograr un cambio en el proceso es si se cambia la Ley Orgánica de la UNAM y eso está en manos de la Cámara de Senadores, lo que ya representa un problema de inicio, pues a pesar de la calidad y el prestigio de la Universidad, todavía existen sectores que consideran a los estudiantes y a la educación pública como una carga económica y política. Eso ha sido expresado múltiples veces por políticos de diversos partidos políticos y un ejemplo de ello fue el propio Federico Döring, miembro del Partido Acción Nacional (PAN), quien afirmó que la UNAM era un nido de delincuencia o de ninis.

 

Sin embargo, también es necesario enmarcar el proceso de elección del rector en un contexto todavía más duro que el de hace ocho años, pues los problemas del país son todavía más fuertes y perpetúan el carácter antidemocrático de la sociedad mexicana, lo cual es reflejado dentro de este elemento que es la sucesión de la rectoría.

 

Tal es el caso que la falta de oportunidades de participación de los otros sectores que componen la comunidad universitaria no sólo se da en la UNAM, también ocurre en otras instituciones educativas y como muestra dos botones: hace unas semanas se acaba de elegir a la nueva presidenta del El Colegio de México, donde el proceso también tiene una Junta de Gobierno. Por otro lado, la Escuela Nacional de Antropología e Historia también elige a nuevo director y se enfrenta a los mismos problemas, pues la comunidad sólo tiene la oportunidad de participar en una auscultación, pero quien tomará la decisión es otra instancia.

 

Es más, si retrocedemos en el tiempo, uno de los detonantes de la movilización de junio de 1971, que terminó en “El Halconazo”, fue la injerencia del gobernador de Nuevo León en la elección del rector de la Universidad Autónoma de dicho estado. En solidaridad, muchos estudiantes realizaron movilizaciones con el fin de democratizar ese tipo de procesos, con el fin de tener la elección en las manos de a quienes les concernía y no con la intromisión de agentes externos.

 

La historia se repitió para 1986, donde el entonces rector Jorge Carpizo McGregor pretendió impulsar cambios entre los cuales se encontraba el aumento del costo de exámenes, inscripciones, posgrado, la eliminación del pase automático, entre otras medidas. Esto sólo llevó a una discusión con el sector estudiantil que derivó en la creación del Consejo Estudiantil Universitario (CEU).

 

Si bien en este caso la lucha no fue por la intromisión de autoridades en el proceso de elección, fue una movilización que incluyó a una buena parte de la comunidad universitaria que demandó reformas dentro de la institución, las cuales no han sido llevadas a cabo en su totalidad: gratuidad y defensa de la educación.

 

La lucha de 1999-2000 toma parte de los argumentos ante la nueva intentona del gobierno de aumentar las cuotas de inscripción. En general se argumenta la defensa de la educación pública y gratuita y a partir de ese momento se hacen varias críticas a la forma en que se designa al rector.

 

La lucha por la democratización de la UNAM no sólo se encuentra en el marco de la designación de un individuo, sino en todo lo que rodea al proyecto educativo de la Universidad y que se hace indispensable para una transformación de la realidad.

 

De esta manera, a lo largo del tiempo, se han manifestado voces en contra de los procesos poco o anti democráticos al interior de la institución. Y un ejemplo es la manifestación que se llevó a cabo dentro de la propia UNAM en estos días. Además, no se nos puede olvidar el ataque que sufrió Radio Regeneración en el Colegio de Ciencias y Humanidades Vallejo hace unos días, y que si bien no es instrumentado desde las autoridades (espero), la acción forma parte de la actividad que realizan grupos porriles al interior de la UNAM, ya sea en preparatorias o en los CCH’s y toleradas, ignoradas por las diferentes autoridades.

 

Entonces, el proceso para elegir al rector de la UNAM es sólo un elemento de muchas cosas que suceden al interior, es sólo la punta del iceberg de las problemáticas enmarcadas en un contexto mucho más amplio, el cual busca mantener procesos que deberían cambiar con el fin de lograr una mayor participación de los diferentes sectores de la Universidad (a pesar de su posible apatía), y es una oportunidad de re-direccionar el proyecto educativo de una de las instituciones educativas más importantes de Latinoamérica y del mundo.

 

Por supuesto, eso lleva a que el nuevo rector tenga la disponibilidad y la firme intención de movilizar sus fuerzas con el fin de lograr un cambio en la Ley Orgánica de la UNAM, una modificación de los reglamentos internos y una transformación de las prácticas antidemocráticas.

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