Para iniciar el día… De expedientes, informes y traslados

Por Brandon Pacheco

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El 22 de agosto de 2010, en un rancho del municipio de San Fernando, Tamaulipas, fueron encontrados muertos 58 hombres y 14 mujeres que provenían de Guatemala, El Salvador y Brasil, presuntamente asesinados por el cartel de los Zetas. Durante las investigaciones se encontraron más fosas con docenas de cuerpos.

 

No obstante, por falta de pruebas y recursos se dejó la investigación, por lo que a casi seis años de lo ocurrido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) abrir el expediente de este suceso para entregar copias de las averiguaciones a dos salvadoreñas que perdieron a su hijo y a su hermano en la masacre.

 

Aunque todo fue positivo, ya que la Suprema Corte rechazó la petición de cremación de los restos de los familiares. Además de no reconocer a la Fundación para la Justicia del Estado de Derecho como defensora legal de ambas mujeres. Igualmente no reconoció que esta matanza constituye un delito contra la humanidad.

 

Por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirmó que el caso de los 43 estudiantes desaparecidos es “un ejemplo emblemático de la aparente colusión entre agentes del Estado e integrantes del crimen organizado”, de acuerdo con su informe anual sobre los derechos humanos en México.

 

Asimismo mencionó que en el actual mandato no han disminuido la violencia y la inseguridad en el país, aunque reconoció que el titular del ejecutivo, Enrique Peña Nieto, ha elaborado reformas constitucionales y protocolos de investigación, que la Comisión considera insuficientes. Como respuesta, en comunicado conjunto de la Secretaría de Gobernación (Segob), Relaciones Exteriores y la PGR mencionaron que en México “no se vive una crisis de derechos humanos” y que éste informe “no refleja la situación del país y parte de premisas y diagnósticos erróneos, que no se comparten”…

 

En otros asuntos, el gobierno de Michoacán le dio el sí a José Manuel Mireles, ex líder de grupos de autodefensa del estado, para ser trasladado al penal “David Franco Rodríguez” conocido también como Mil Cumbres. Esto debido a que es un derecho humano que las personas sean procesadas en sitios cercanos al lugar donde viven. Actualmente, Mireles se encuentra preso en una cárcel de alta seguridad en Hermosillo, Sonora.

 

Por otro lado, Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como “El Chapo”, pidió ser rápidamente extraditado a Estados Unidos ante los malos tratos que recibe en el penal del Altiplano, de acuerdo con su abogado José Refugio Rodríguez.

 

Por último, pero no menos importante el Partido de las Revoluciones Demócrata eligió a Mariano Gómez, quien fue presidente del Consejo Directivo de Confederación Patronal de la República Mexicana en 2013, candidato a la gubernatura de Sinaloa. Así lo informó mendiante un comunicado y redes sociales. Por otro lado, el Partido del Trabajo designó como candidato en Oaxaca a Benjamín Robles Montoya, después de romper la alianza que tenía con el Partido Acción Nacional (PAN).

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