“Todo para ayudar a EPN”; debe Duarte 15 mdp a Liconsa; policías entregaron a jóvenes de Papantla a grupo delincuencial

Andrés Sepúlveda es un colombiano sentenciado a 10 años de prisión por espionaje, violación de datos personales, uso de software malicioso y hackeo en las elecciones presidenciales de Colombia, en 2014. No sólo eso, también robó estrategias de campaña, manipuló redes sociales y colocó software espía en las oficinas de los candidatos rivales en México, “todo para ayudar a Peña Nieto” en las pasadas elecciones de 2012.

 

El hacker concedió una entrevista a Bloomberg Businessweek donde detalló su participación en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, el entonces abanderado del Partido Revolucionario Institucional (PRI). “Mi trabajo consistía en hacer acciones de guerra sucia y operaciones psicológicas, propaganda negra, rumores, todo el lado oscuro de la política”, declaró.

 

Antes las acusaciones vertidas en la publicación, la Presidencia de la República rechazó “cualquier relación entre el equipo de la campaña de 2012 con Andrés Sepúlveda, o que se haya contratado al consultor J.J. Rendón”.

 

Javier duarte de Ochoa, gobernador de Veracruz, debe más de 15 millones de pesos al programa Liconsa por el abastecimiento de paquetes de leche a escuelas de 23 comunidades, durante 2014, informó el gerente del programa en el estado, Francisco Javier Vera Méndez.

 

Por ello, en 2015 y lo que va de 2016, las escuelas no reciben los paquetes de leche. El funcionario apuntó que en 2013 firmaron un convenio para que Liconsa distribuyera la leche incluida dentro de los desayunos escolares. Pero en 2014, el gobierno veracruzano dejó de pagar las 7 millones de cajas de fórmula láctea solicitadas.
No sólo Liconsa fue afectado, también los productores del estado, a los cuales el programa les compra la leche distribuida.

 

El Fiscal de la zona norte de Veracruz, Ezequiel Castañeda, señaló que un testigo confesó que los policías de Papantla entregaron a los tres jóvenes desparecidos a un grupo de la delincuencia organizada. Además, abundó que las investigaciones llevadas a cabo refuerzan ese indicio.

 

El 19 de marzo tres jóvenes fueron levantados por policías sin que hasta el momento se conozca su paradero. En días pasados, ocho elementos de la policía local fueron detenidos y se espera que se ejerza acción penal con ellos y se dé con el paradero de los jóvenes.

 

La Procuraduría General de la República (PGR) mantiene en curso una averiguación previa por el caso Tlatlaya; dicha querella se lleva a cabo en el Juzgado cuarto de distrito en materia penal, con sede en Toluca, Estado de México. La dependencia señaló que el juzgado dictó auto de formal prisión a tres elementos por homicidio calificado. Mientras a cuatro militares se les otorgó el auto de libertad.

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