El principio del fin del sueño de América Latina

Roberto Gutiérrez

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El fin de una era parece haber llegado en América Latina. El país que durante poco más de una década fue la joya y referencia de los gobiernos de izquierda en Latinoamérica y a nivel internacional, por sus logros y alcances en materia social y en el campo económico, parece cerrar un ciclo importante con la destitución de Dilma Rousseff, justificada por una serie de escándalos de corrupción de piezas clave del Partido de los Trabajadores (PT), el estancamiento económico multifactorial y un descontento social impulsado, en buena medida, por los medios de comunicación.

 

La medida fue formalizada este sábado 14 de mayo, cuando Renan Calheiros, presidente del Senado, clausuró la sesión de poco más de 20 horas, en la que se formalizó el proceso de destitución contra la presidenta, en medio de protestas violentas a favor y en contra de la medida a las afueras del Congreso brasileño.

 

Personajes reconocidos a nivel internacional por su lucha contra la dictadura brasileña de la década de 1960, como Chico Buarque, expresaban, apenas hace unos meses, su preocupación por aquellos que llegaron a pedir hasta una intervención militar para destituir a Dilma, cuando el miedo de los opositores es claro: el regreso de Lula Da Silva al poder, en 2018.

 

Ciertamente, los factores que podríamos considerar como parte de un golpe mediático-institucional, se pueden clasificar, de manera simple, en dos categorías (sin afán de excluir muchísimas otras posibles): las mediático-institucionales y las político-estratégicas, pero antes de adentrarnos en la descripción de estas clasificaciones, es necesario hacer un brevísimo recuento histórico de los últimos acontecimientos similares en la región, al menos en lo que va del siglo.

 

Los aletazos contra el sueño latinoamericano

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Rafael Correa, Ecuador; Evo Morales, Bolivia; Dilma Rousseff, Brasil; Manuel Zelaya, Honduras, parte del sueño latinoamericano. Foto: Especial.

Si recordamos los intentos golpistas en la Venezuela de Chávez, en 2002; en contra de Evo Morales, en 2008; en el Ecuador de Correa, en 2010, y los golpes consumados contra Manuel Zelaya en Honduras en 2009, y el de Paraguay sobre Fernando Lugo en 2012, podríamos ubicar algunos factores en común: la propaganda a nivel local e internacional en contra de los mandatarios en cuestión, así como la búsqueda de vías legales para consumar y legitimar la destitución de los jefes de Estado. Este tipo de procedimientos son llamados “golpes blandos”, debido a que a diferencia de los golpes tradicionales, en estos últimos, los factores de poder son menos discretos y tienen un menor interés en mantener un margen de legitimidad nacional e internacional, además que generalmente cuentan con el respaldo de los cuerpos militares nacionales.

 

El caso de Brasil viene a refrescarnos la memoria de las recientes crisis políticas en América Latina y sus factores, pues desde las elecciones de 2012 ha habido una creciente discordia entre el Partido de los Trabajadores y el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, principales fuerzas políticas que formaron la coalición denominada Con la fuerza del pueblo, que lograría la reelección de Dilma en 2012, y que hoy día han finalizado un divorcio político impulsado, principalmente, por las maniobras fiscales que han afectado importantes intereses empresariales, así como el descontento generado en empresas trasnacionales de petróleo por nuevas adecuaciones fiscales para impulsar una mayor recaudación, y los supuestos actos de corrupción en los que se involucró al ex presidente Lula Da Silva por la facilitación de concesiones y contratos para la empresa de infraestructura OAS, además del supuesto desvío de 10 mil millones de reales de 2004 a 2012.

 

Aunque el descontento de actores externos e internos contra el equipo de trabajo de Lula, y en este caso de Dilma, no comienza con esa separación política reciente. Desde que la ex guerrillera fue ministra de Minas y Energía, durante el mandato de Da Silva, se aplicaron las medidas necesarias para que Petrobras no sufriera estragos tan intensos con la crisis mundial de 2008; por el contrario, la empresa creada por Getúlio Vargas, en 1953, se mantuvo como la más importante de los brasileños y en el top 5 a nivel Latinoamérica, aún por encima de PEMEX –que, por el contrario, a través de las reformas estructurales del gobierno de Enrique Peña Nieto, se sometió al completo desmantelamiento necesario para la privatización-.

 

Por otra parte, la condena y aprobación a nivel internacional de las medidas tomadas por los poderes federales en Brasil no se ha hecho esperar y, junto con ello, se han asomado de inmediato los intereses geopolíticos que influyen en el conflicto. De manera natural, el hoy día reducido bloque de gobiernos con tendencias de izquierda en la región, han sido los primeros en expresar su apoyo tanto a Dilma como a Lula, desde la detención de este último para su proceso de interrogación, por el escándalo de Petrobras; el viernes 4 de marzo, con acciones que van de la condena por parte de Evo, Correa y Daniel Ortega, hasta algunas más enérgicas (tal vez por la preocupación generada de la situación propia de sus países), en el caso de Nicolás Maduro, quien citó al embajador brasileño y retiró al propio de Brasilia.

 

Por su parte, Rusia, con quien se comparte como miembro del BRICS, se ha limitado a hacer una condena contra la injerencia externa en los asuntos internos de Brasil, sin mayor impacto; mientras Estados Unidos ha realizado algunos movimientos diplomáticos sencillos con respecto a declaraciones de sus funcionarios desde la Casa Blanca (aquí tendríamos que investigar un poco más sobre el actuar de la embajada en Brasilia).

 

Sin embargo, lo que suena bastante notorio y contradictorio es que el nuevo gobierno del antiguo aliado de Dilma, Michel Temer, quien además fue evidenciado por Wikileaks como colaborador de los Estados Unidos, cuenta con un gran apoyo de viejos rivales de Lula, como el ex presidente Fernando Henrique Cardoso y los partidos de centro derecha del país. Temer, quien releva en el cargo suspendido a Rousseff por supuestos actos de corrupción, ha anunciado una serie de recortes y ajustes al gasto público como supuesta medida para combatir el impase económico, que se prevé tendrá una caída del 8% del PIB con respecto al primer cuatrimestre de 2014, y una caída del 3.6% general al final de año. Además, han anunciado el debate del recorte de 4 mil empleos públicos y más cortes al gasto a la educación, al sector salud y hasta el de investigación con tal de sanear las finanzas públicas y mantener la estabilidad macroeconómica del país que está a escasos meses de resguardar los Juegos Olímpicos.

 

Una Macrización regional ha comenzado (en referencia a la urgencia con la que el presidente Mauricio Macri en Argentina comenzó a revertir las acciones del saliente Kircherismo), y los triunfos en materia social como el combate a la pobreza y la modesta mejora de calidad de vida de los habitantes de la región, ganados principalmente en la década pasada, hoy está en juego.

 

El panorama general para los siguientes meses en Brasil es ciertamente indefinido, aunque se estima que la crisis durará varios meses y podríamos visualizar que los siguientes cambios en la agenda de Temer incluirá una serie de ajustes más estrictos, apegados a las exigencias del Fondo Monetario Internacional pendientes desde 2012 para el país, y que hoy día tendrán cabida con un gobierno que no recibió el 51% del voto popular para ejercer el cargo, pero que se las arregló para expulsar, mediante la vía legal, a un gobierno que parecía tener una amplia posibilidad de permanecer más allá de las elecciones de 2018.

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