Ley de Seguridad Interior podría atentar contra DDHH: ONG y especialistas

Organizaciones y especialistas en derechos humanos expresaron su preocupación por que el debate de una eventual Ley de Seguridad Interior, excluya los derechos humanos y se convierta en una amenaza al Estado de Derecho.

 

Por ello, instaron a que el Congreso amplíe del debate para diseñar una política de seguridad que “incluya cambios de fondo en el paradigma de seguridad que ha imperado en la última década”, señalaron las organizaciones civiles mediante un comunicado de prensa.

 

Recordaron que es fundamental priorizar “el diseño de un programa de retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de las tareas que hoy realizan, que se acompañe de un verdadero plan de fortalecimiento progresivo de las instancias civiles de seguridad”.

 

El martes 10 de enero inició la discusión sobre esta ley que dotaría al ejército y la Marina de un marco jurídico para participar en las labores de combate al crimen organizado. Legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), expusieron sus iniciativas en la materia al consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos Cervantes.

 

En este sentido, las organizaciones sociales señalaron que el Congreso carece de facultades para legislar sobre seguridad interior, por el artículo 73 de la Constitución y el 21, que establece que la seguridad pública está a cargo de las autoridades civiles.

 

A ello se suma que la legislación que se piensa impulsar “incumpliría con los tratados internacionales que México está obligado a respetar y garantizar”, pues carecería de incentivo al fortalecimiento de las policías civiles y se fortalecería la presencia de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública sin mecanismos adecuados, contrapesos y rendición de cuentas. Lo cual, apunta, es preocupante por la “impunidad crónica que prevalece en México respecto de violaciones a derechos humanos cometidos por el Ejército.

 

Finalmente, reiteraron su exigencia de ampliar la discusión y generar una política de seguridad interior que respete los derechos humanos y el Estado de Derecho.

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