Juan Manuel Aguilar Antonio reflexiona sobre las lecciones que la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa ha dejado. Hoy se cumplen 3 años desde la desaparición de los jóvenes y, a la fecha, hay pocas respuestas, muchas dudas y mayor desconfianza hacia unas autoridades que dan la pinta de estar rebasadas.
Ayotzinapa: las tristes lecciones, será publicado en tres episodios. Éste, titulado “Lo cíclico de la historia y sus tragedias”, abunda sobre las similitudes que el caso de los 43 guarda con otro muy doloroso: la masacre del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas.
Lo cíclico de la historia y sus tragedias
1.- 2 de octubre de 1968 y 26 de septiembre de 2014. Dos fechas relacionadas a pesar de una distancia de cuarenta y seis años. Casi medio siglo separa estos eventos, señalados como los más indignantes en la historia de México, y cuando se cae en una reflexión seria y concisa, basta igualar ambos hechos para denotar lo poco que ha avanzado el Estado mexicano en sus garantías y derechos para la ciudadanía.
Hace cuarenta y seis años, la clase media emergió y dio inicio a la democratización de México. La noción de ciudadano por fin dejaba de lado su carácter ambiguo que había ostentado durante casi siglo y medio de vida independiente, para despertar por medio de la convocatoria y contestación ciudadana (Fuentes, 1970).
No obstante, México era un país con un sistema político autoritario en el cual la democracia era una simulación desvergonzada (Cosío, 1976). Y el modelo no estaba a la altura de aceptar los cambios sociales y la apertura democrática que la nación reclamó. Al final, el primer gran símbolo de movilización de los mexicanos, sustentado en sus jóvenes e idealistas estudiantes, terminó en una masacre acontecida en la plaza de las Tres Culturas, en la que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) sepultó los sueños de transformar a México en una nación netamente democrática, en la que la participación social del pueblo se consolidara con una fuerza permanente para cambiar su realidad.
En aquel entonces, lo trágico y lúgubre del contexto mexicano recayó en el hecho de aceptar que era el mismo Estado quien atentaba contra su población. La masacre había provenido por instrucciones del Presidente Gustavo Díaz Ordaz, quien por medio de su secretario de Gobernación, manchó con sangre aquel día para la posteridad.
Casi medio siglo después, la realidad mexicana en vez de mejorar se ha distorsionado de forma decadente. Los estudiantes de la escuela normal rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, en Guerrero, una comunidad campesina de escasos recursos y de una ideología social disidente que se manifestaban de manera continua contra el gobierno, había decido trasladarse a la Ciudad de México para participar en la marcha que condena hasta nuestros días los acontecimientos de la jornada del 2 octubre. La tragedia nació cuando los estudiantes tomaban seis camiones con los cuales pensaban viajar a la capital del país, frente a eso, la respuesta que ejecutaron las autoridades fue la de utilizar a la policía del condado para atentar contra la integridad de los jóvenes y masacrar a seis en una noche. Pero el daño no termina ahí. Ya que días después, los medios de comunicación hacen pública la desaparición de 43 de los 57 normalistas que estuvieron implicados en los hechos. Lo más siniestro del evento: la última vez que fueron vistos estaba con la policía de la comunidad.
Frente a esa noticia la indignación creció, de la noche a la mañana desapareció Luis Abarca, el presidente municipal de Iguala, y su esposa, María de los Ángeles Pineda. Pronto, la prensa devela que la mujer del mandatario tenía nexos con el narcotráfico, en su encarnación titulada cartel de los “Guerreros Unidos”, y que ellos solicitaron el apoyo de la organización criminal para eliminar a los estudiantes. Lo preocupante de este evento: el asumir que hace cuarenta seis años sólo el presidente podía ordenar una matanza utilizando al ejército. Hoy esta acción ya está al alcance de cualquier mandatario local, que puede utilizar a su policía, e incluso, a grupos del crimen organizado para realizar una masacre.
En medio siglo los derechos de la ciudadanía no han mejorado en nada, y en contraposición, retroceden hasta sobrepasar los límites de la inmoralidad.
2.- Pero los hechos históricos y sus características cíclicas no sólo se han manifestado en la represión social del pueblo mexicano. También lo han hecho en su esfera contraria, es decir, en la ilusión del progreso y en la búsqueda por el desarrollo. Debido a que para los gobernantes de nuestro país la posibilidad del crecimiento de la economía y del nivel de vida de sus ciudadanos ha sido una buena moneda para vender como efigie para ascender al poder y legitimarse en él.
Hace veintiséis años, Carlos Salinas de Gortari llegó al máximo cargo político de nuestra nación con la promoción de modernizar al país. Por lo que cada día, durante el primer año de su gobierno, construyó esa ilusión que poco a poco un gran sector de la población acogió como factible. El neoliberalismo y el Tratado de Libre Comercio (TLCAN) eran los instrumentos para alcanzar ese ideal. Y al segundo año de su sexenio el presidente era ya una súper estrella entre la población. Con esa popularidad, pronto emprendió las reformas políticas y económicas que el país necesitaba para entrar al nuevo juego de la globalidad financiera (Centeno, 1994). Sin embargo, Salinas pecó en su optimismo y demagogia. Ya que derogó completamente las transformaciones sociales que México necesitaba. De hecho, la historia lo ha juzgado como uno de los más grandes personajes que han atentado contra la democracia.
Así, sin oposición o reclamos sociales por parte de la ciudadanía, Salinas gobernó como un emperador mexicano. Realizó todo lo que deseó y que el contexto nacional del México de finales de los ochentas e inicios de los noventas, le permitió (Doyle, 1992), a tal grado que se volvió el más grande genio maquiavélico de la política nacional. Sus métodos eran crudos y directos. No vacilaba en la obtención de lo que deseaba.
No obstante, aquel poder absoluto no podía durar. El abuso tiene un límite y Salinas lo conoció con el levantamiento armado del EZLN en Chiapas, en enero de 1994. El progreso económico del que tanto hizo promoción había sido edificado en pies de barro. Y todo fue la consecuencia de no incluir en un proyecto de desarrollo nacional al actor más importante: la gente. En tan solo seis meses perdió todo lo que intentó lograr en cinco años y la historia lo recuerda como el más grande de nuestros villanos.
Bajo esta perspectiva, la lección para el futuro sería: no cometer los mismos errores. Pero, Enrique Peña Nieto y su gabinete llegaron al mando del poder ejecutivo en la misma línea. Una serie de reformas económicas para potencializar y dinamizar el desarrollo del país en una completa sintonía con los dogmas neoliberales, paradigma económico que ha acrecentado en los últimos tiempos su impopularidad y su suprema capacidad para hacer más anchas las desigualdades sociales.
La repetición fue absurdamente igual. Transformar al país económicamente sin incluir a la sociedad civil en ese cambio. ¿Acaso no era visible que los problemas del México de 2012 eran más graves que en 1988? ¿Acaso no es fácil notar que un pueblo amenazado en lo más íntimo de su vida no le interesa las posibilidades de desarrollo sino está salvaguardada su seguridad humana?
Peña Nieto y su gabinete nunca convenció con sus reformas estructurales a la población. Él no conquistó al pueblo del mismo modo que lo hizo Salinas a pesar de los millones de pesos que gastó en publicidad y marketing político. Evadió el problema que más le interesaba a la gente a su arribó al poder: la seguridad. Y ahora ha pagado eso demasiado caro. Los 43 desaparecidos en Ayotzinapan se han convertido en la muerte de su sexenio. A partir de este momento, su ejercicio como Presidente de México no será más que una lenta agonía hasta el último día de su gobierno.