La Argentina de Macri, lo que viene

En Argentina, la mayoría de los sindicatos, las centrales obreras, trabajadores estatales y diferentes sectores sociales y grupos de izquierda, han protestado contra los ajustes fast track, aprobados por desde primeros días del gobierno de Mauricio Macri. El descontento general, plasmado desde la primera marcha de alcance nacional -24 de febrero-, hasta las más recientes del mes de mayo, ha sido censurado por los grandes consorcios televisivos que, precisamente, en este momento denotan una alineación con este nuevo gobierno y se han encargado de minimizar el malestar social, generado por una subida de impuestos y retiro de subsidios (el de la electricidad que incrementó entre un 200 y 300%, y en algunos casos específicos hasta el aumento del 700% de las tarifas), así como el despido masivo de trabajadores del Estado (medida anunciada desde la campaña del actual mandatario), y la reducción de su popularidad del 52%, en diciembre pasado, hasta el 34% para el mes de marzo, de acuerdo a la encuestadora Haime & Asociados.

El nuevo gobierno se propuso extirpar al kirchnerismo del gobierno federal. Hoy día comienza a reducir los subsidios a la economía argentina, que se encuentra en un estancamiento provocado por diversos factores locales e internacionales como el estancamiento de la economía internacional y la abrupta recuperación del dólar estadunidense que afectó a todas las monedas latinoamericanas, además de las consecuencias que trajeron las nacionalizaciones y problemas con el pago de la deuda de los años recientes, tal vez estos últimos como los principales obstáculos que afrontó el gobierno de Cristina Fernández.

Sin embargo, ni siquiera los macristas pueden negar la recuperación económica y mejoras en la calidad de vida que se vivieron en Argentina en la última década, posicionándolo como líder en Latinoamericano en el Índice de Desarrollo Humano hasta 2015, de acuerdo a las cifras del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). A pesar que esta cifra se mantuvo aún con los problemas económicos de años recientes, el año pasado fue registrado un aumento del 5.5% en los índices de pobreza, de acuerdo a estimaciones del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), que ubicaron 1.4 millones de nuevos pobres que ahora suman al 34.5% de los argentinos, unos 13 millones de personas que padecen la subida de precios registrados en el primer trimestre del 2015.

Si bien Macri amenazó con el plan de austeridad para sanear las finanzas públicas durante su campaña como candidato presidenciable, también ofreció un ambicioso plan de “Pobreza cero” que prometió revertir los embates económicos que afectan a los más necesitados, pues los aumentos en los servicios energéticos ya han comenzado a generar estragos en la economía de la mayoría de las familias argentinas, por lo que el escenario no es favorable para este mayoritario sector en el corto ni mediano plazo.

Algunos economistas críticos del gobierno y pertenecientes a las universidades públicas argentinas (quienes protagonizaron las protestas en el mes de mayo por los recortes anunciados a las principales universidades públicas), predicen una coyuntura de reajustes estructurales en la vida económica del país suramericano que planea generar un crecimiento acelerado con reajustes al gasto público y el otorgamiento de facilidades a inversionistas extranjeros que apacigüen la salida de capitales chinos que han desequilibrado las finanzas argentinas por la volatilidad que sufre hoy día el gigante asiático.

La política monetarista restrictiva con que el gobierno de Macri busca palear los efectos de la inflación, viene acompañada de una serie de ajustes como la fijación de un tipo de cambio real estable y competitivo (como lo vimos después de la crisis de 2001) que busca delimitar la intervención del gobierno en el libre cambio de mercancías, así como la negociación y reestructuración con los acreedores de deudas internacionales pendientes.

Con el cambio de régimen, las exigencias de parte de los consorcios financieros internacionales adquirirán un nuevo protagonismo sobre la vida económica de Argentina, pues si hacemos recuento de la memoria histórica reciente, el mismo Fondo Monetario Internacional quedó expulsado de las decisiones macroeconómicas del gobierno desde 2003 a pesar de haber prestado miles de millones de dólares previo al colapso de diciembre de 2001, pero hoy día dicha institución ya hace sombra junto al “nuevo” gobierno de Brasil, para comenzar a restructurar las llaves financieras de los países más grandes del subcontinente.