La sucesión en la UNAM: ¿académica o política?

Por: Manuel Cardoso

El pasado 14 de octubre, el periódico El Universal publicó una entrevista con el ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Sarukhán Kermez, quien afirmó que el proceso para elegir al rector de la Máxima Casa de Estudios debe ser estrictamente académico y donde predominen la autoridad académica y moral en vez de lo político; sin embargo, las mismas características de la Universidad provocan que se convierta en una arena política.

La UNAM concentra a más de 340 mil alumnos y más de 38 mil académicos; además, imparte 115 licenciaturas y 41 programas de posgrado en sus diferentes campus, por lo que su actividad académica es muy importante para el país. Tan es así, que esta institución se encuentra entre las 300 mejores Universidades del mundo, según el Ranking Académico de las Universidades del Mundo 2015; se encuentra en tercer lugar de Iberoamérica, detrás de la Universidad de Sao Paulo y de Lisboa y es la mejor de nuestro país.

Por otra parte, según su Ley Orgánica, la UNAM “tiene por fines impartir educación superior para formar profesionistas, investigadores, profesores universitarios y técnicos útiles a la sociedad; organizar y realizar investigaciones, principalmente acerca de las condiciones y problemas nacionales, y extender con la mayor amplitud posible los beneficios de la cultura”, lo que no es menor.

Todo proviene de la concepción de un gran proyecto educativo para el país, diseñado por las ideas de Lázaro Cárdenas y José Vasconcelos y, por qué no decirlo, de Porfirio Díaz y sus científicos (donde se encontraba Justo Sierra) y hasta de políticos de la talla de Manuel Gómez Morín. Es decir: desde su concepción, la articulación entre educación y política se hizo, más que inevitable, algo necesario para la nación mexicana y eso tuvo un impacto en la configuración de la Universidad.

De allí que la UNAM se convierta en ese espacio donde se pueden dirimir asuntos de interés público y donde la persona que llega a rector(a) adquiere un halo de calidad moral que le permite y lo obliga, al mismo tiempo, a opinar sobre las problemáticas nacionales. Es un puesto de autoridad, donde hay prestigio para la persona y desde el cual puede influir sobre ciertas cuestiones del interés para la institución o hasta para su persona.

Para su primer mandato, José Narro se comprometió a “impulsar acciones para consolidar lo logrado y avanzar en el sendero de la calidad académica con compromiso social”. Principalmente, si se toma en consideración la actividad política realizada por Juan Ramón de la Fuente para devolver el prestigio a la UNAM después de la Huelga (legítima) de 1999-2000.

El propio rector se convierte en un gestor y operador político importante con el fin de conseguir recursos, principalmente, pero también con el objetivo de mantener cierto control al interior. De esta manera, el legado de Narro puede ser descrito tanto en lo interno como en lo externo, pues es indispensable moverse en los dos niveles. Al exterior, el discurso que manejó se adecuó a los temas de la agenda, sobre todo en lo concerniente a educación. A pesar de su cercanía al Partido de la Revolución Institucional (PRI), mantuvo cierto nivel de autonomía respecto a otras instancias ajenas a la Universidad, al menos de manera pública.

No obstante, al interior se dieron una serie de cuestiones que pusieron a prueba la capacidad negociadora del rector. Los casos de la toma de la Torre de Rectoría y de la Dirección General de CCH fueron importantes pues la prensa se encargó de ensalzarlos como muestra de los acontecimientos extra académicos, pero en los que la reacción de la Rectoría fue prudente, pues privilegió la negociación pública, aunque hubo muchos señalamientos respecto a persecuciones y hostigamiento por parte de las autoridades a miembros de la comunidad.

Un caso más fue el alumno que recibió un impacto de bala en noviembre de 2014, justo en medio de las protestas y los paros por lo ocurrido tras la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero. Un hecho donde el rector no dijo nada durante un tiempo y donde fue afectada la autonomía de la Universidad, no por la entrada de la policía sino por la agresión de un miembro de la comunidad.

Todo lo anterior muestra la necesidad de una instancia que sepa manejarse más allá de lo administrativo y lo académico. Además, si la elección del rector fuera una acción puramente académica, se niega la existencia de expresiones políticas dentro de la Universidad y que, si bien pueden viciar la actividad docente y de investigación, no puede dejarse de lado, pues su existencia es un hecho.

Querer, como la hace Germán Martínez Cázares en un artículo (Reforma, 14 de octubre de 2015), que desaparezca la política dentro de la UNAM es una declaración de buenas intenciones, pero desgraciada o afortunadamente, eso no es posible.

En todo caso, se hace indispensable no la desaparición de las prácticas políticas, sino una mayor democratización de los espacios, pues no se puede negar la acción de grupos porriles al mando de autoridades internas o externas, las cuales han atacado a miembros de la comunidad, el caso ejemplar fue el ataque a Radio Regeneración en CCH Vallejo o los petardos arrojados en el CCH Naucalpan; pero tampoco se puede negar la existencia de grupos anarquistas, partidistas y de otras tendencias que mantienen y han ligado actividades académicas y políticas dentro de la Universidad.

En 1945, el presidente Manuel Ávila Camacho realizó cambios en la Ley Orgánica de la UNAM y modificó la forma de elección. De un sufragio universal pasó a la elección por medio de la Junta de Buen Gobierno, compuesta por 15 miembros. El argumento fue el constante conflicto entre grupos al interior de la Universidad, lo cual llevó incluso a que en cierto momento hubiera dos rectores.

Sin embargo, esto tampoco ha dejado satisfechos a un buen número de personas al interior, desde alumnos, hasta docentes, investigadores y trabajadores. Además, no podemos cerrar los ojos al hecho de que el destino de la propia institución se ha decidido en procesos políticos y no sólo en quehaceres académicos. La lucha por la autonomía, la huelga de 1964 contra el plan de aumentar un año el bachillerato, el cual constaba de dos años; la huelga de 1966, donde se crea el primer Consejo Estudiantil Universitario; los movimientos de 1968 y 1970-71; el Consejo Estudiantil Universitario de 1987 y la huelga de 1999-2000. Cabe señalar que en tales movilizaciones no sólo han participado estudiantes, sino diferentes sectores de la Universidad como trabajadores y académicos.

Por ello, no es extraño escuchar que es indispensable el cambio en el reglamento y escuchar diferentes voces que se manifiestan en contra de la forma en que se elige al rector. El proceso actual, arrancado a finales de septiembre y con culminación en noviembre con un nombre elegido, no puede dejar de lado su carácter político por todos estos antecedentes. Es más, debemos sospechar ante las expresiones de apoyo a uno u otro candidato, pues no es extraño que los candidatos movilicen a sus adeptos.

Los propios candidatos no pueden dejar de lado sus actividades políticas. Ya sea porque son cercanos a la Presidencia (Sergio Alcocer y Francisco Bolívar Zapata) o por las acusaciones que corren en sus propias facultades de hostigamiento a miembros de la comunidad por su activismo (Rosaura Ruiz) y sus vínculos con partidos políticos.

Si nos quedamos con la intención de José Sarukhán, quizá no tendríamos rector por unos cuantos años, pero si consideramos la naturaleza misma del proceso, de la actividad interna y de las características de la UNAM que le dan un peso en la toma de decisiones, entonces se debe buscar un rector que mantenga a esta Máxima Casa de Estudios con un espíritu crítico y donde se puedan realizar verdaderos cambios internos con el fin de democratizar a la Universidad, pero también modificaciones al proyecto educativo con miras a la transformación de la realidad y la resolución de las problemáticas nacionales.