Reflexión sobre la Política social en México

Por César Soto Morales

La política social de nuestro país está dirigida por los organismos financieros y económicos internacionales, a raíz del llamado Consenso de Washington. De esta manera, desde inicios de la década de 1990 comenzó una nueva etapa en la política social de nuestro país, al verse afectada por la implantación del modelo económico neoliberal que impacta directamente a los programas sociales.

La estrategia liberal, y cuyas características principales son la economía abierta, especialización exportadora, propiedad privada, fomento a la Inversión extranjera directa y dependencia de préstamos e inversiones extranjeras, definitivamente mina el campo de acción del Estado para la aplicación efectiva de programas de corte social, puesto que se basa en la supremacía de los mercados sobre la regulación estatal.

Este ultimo argumento es clave para comprender las limitaciones de la política social del Estado mexicano en un entorno donde, según las premisas liberales, las fuerzas del Mercado serán las encargadas de la distribución de la riqueza a través de las leyes de la oferta y la demanda, la famosa mano invisible de Adam Smith que milagrosamente eliminará las desigualdades económicas de la raza humana.

Karl Polanyi en su obra La Gran transformación trata el tema de cómo el liberalismo económico y el advenimiento de la sociedad de mercado resultan contradictorios y generan un doble movimiento. Por un lado, el Mercado que trata de mercantilizar todo a su paso, incluso la naturaleza y el ser humano, este ultimo se resiste creando un movimiento contrario, oponiendo resistencia a las fuerzas del mercado.

En el entorno económico global donde existe globalización de los mercados y globalizaron de la producción, las fuerzas del mercado se imponen desde los países más poderosos del orbe (Unión Europea, Estados Unidos y Japón) y sus grandes empresas transnacionales, las cuales se ven favorecidas por los regímenes internacionales creados para su expansión global.

A través de las reglas generadas desde el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la Organización Mundial del Comercio (OMC), se dicta la forma en que deberán ser diseñadas las políticas publicas de los Estados sujetos a estos organismos.

En estas condiciones, la aplicación del modelo neoliberal ocasiona enormes costos económicos y sociales en contra de los países del sur principalmente, y las clases débiles, y atrae grandes beneficios para los países del Norte y sus clases dominantes.

Entre las falacias más notables del modelo neoliberal está la pretensión de que el Estado no debe intervenir en la economía. La reducción del ámbito de acción del Estado trae consigo la privatización de la dimensión social de las instituciones de asistencia social. Se considera, por otro lado, que el Estado es mal administrador de empresas y pésimo productor, por lo que debe limitar su papel a ser buen administrados de los recursos y bienes de la Nación.

En México se comienza con la implementación de la apertura exterior, (1982-1993), a través de la carta de intención suscrita con el FMI, y se procede al aceleramiento del abandono del proteccionismo para pasar a una doctrina librecambista instrumentando, para ello, diferentes herramientas que sirvan de puente en esta transición.

Podemos dividir la transición hacia el neoliberalismo en el modo de producción mexicano de
la siguiente manera:

• Etapa de preparación (1982-1988)
• Etapa de profundización (1988-1994)
• Etapa de continuidad y perfeccionamiento (1994-….)

Etapa de preparación: Miguel de la Madrid Hurtado

A partir del gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado se llevaron a cabo diversas reformas económicas que implementaron una nueva estrategia de desarrollo y un cambio en la aplicación de la política social en México.

El 10 de noviembre de 1982, el gobierno de México firmó la carta de intención que lo comprometía a adoptar un programa de ajuste compatible con la concepción del FMI, el cual daba la pauta a una etapa de “preparación” a la implantación del modo de producción Neoliberal; dicho plan contenía algunos elementos heterodoxos de manera temporal, y constituye el inicio de un nuevo patrón de acumulación capitalista en el país.

A mediados de 1986, se da una confirmación importante del apego al sistema Neoliberal por parte del gobierno, con la entrada de México al GATT, esto da inicio a un rápido proceso de liberación comercial, el cual se esperaba que estimulara el crecimiento económico y elevaría la eficiencia de la planta productiva, lo que facilitaría la conquista de mercados externos.

El gobierno de De la Madrid apuesta a la explotación de la ventaja competitiva de México: el costo salarial por unidad producida, y es precisamente en este punto en donde está el dilema para que un país se vuelva competitivo a costa de la explotación “eficiente” de la mano de obra; es decir alcanzar la competitividad a través de bajos costos salariales.

De esta manera, y teniendo como antecedente el fracaso de los planes ortodoxos que se habían aplicado desde 1982, representantes del gobierno, obreros, campesinos y empresarios, decidieron firmar el llamado “Pacto de Solidaridad Económica”; el cual comprometió a los obreros a moderar severamente sus pretensiones de aumento salarial, los campesinos a aceptar que los precios de garantía se mantuvieran a su nivel real de 1987 y los empresarios aprobaron que se acelerara la apertura comercial, lo que obligaría a moderar sus utilidades y a ser más competitivos mediante el incremento de productividad; por su parte, el gobierno se obligó a disminuir su gasto y a reducir el tamaño del sector público racionalizando sus estructuras administrativas y acelerando la política de separación de empresas calificadas no prioritarias o estratégicas.

Los efectos sobre la política social son previsibles, el Estado se estaba desmantelando y con él los programas sociales de apoyo a los obreros y campesinos, quienes pasaron a ser una mercancía más del mercado.

Los obreros vieron afectado su ingreso pues el control salarial estaba en marcha, asimismo el desarrollo del mercado exigía la pronta desaparición de derechos laborales que encarecían la mano de obra.

Por otro lado, los campesinos fueron víctimas de la reducción de subsidios al campo, lo que los condujo a emigrar a los centros urbanos o al extranjero, abandonando o vendiendo sus tierras, las cuales ya no convenía explotar ante la competencia de las grandes corporaciones agroindustriales de los Estados Unidos.

Etapa de Profundización: Carlos Salinas de Gortari

En la Administración de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), se vivió una etapa ardua de la liberación económica, y se amasó un fuerte monto de recursos que se destinaron a obras de beneficio social, a través del programa de solidaridad, pero esto fue debido a la venta de Empresas Públicas, la captación de capitales especulativos y deuda.

Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, México empezó a cumplir cabalmente con las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, no sólo en materia financiera sino también comenzó a hacerlo en asuntos internos como gasto público, inversión extranjera y la relación comercial con el exterior.

Lo contrastante de todo este proceso de privilegiar a la élite empresarial con la venta de empresas paraestatales fue que la acción de “adelgazamiento del Estado” provocó desempleo. En efecto, las políticas de adelgazamiento del Estado generaron recortes de personal en las oficinas de gobierno.

A su vez, con la privatización, muchas empresas paraestatales redujeron personal y no crearon plazas nuevas.

El adelgazamiento de los empleados del Estado tuvo como inminente respuesta la expresión sin precedentes de la economía informal; contracción del poder de compra, que generó reducciones en el mercado interno.

A este respecto cabe hacer referencia al Programa Nacional de Solidaridad, el cual constituyó un intento del gobierno mexicano para “sacar” a más de la mitad de la población del país de la pobreza y la pobreza extrema y así contener posibles surgimientos de movilizaciones sociales.

Los objetivos del programa eran los siguientes:

“-Mejorar las condiciones de vida de los grupos campesinos, indígenas y colonos populares.
-Promover el desarrollo regional equilibrado y crear las condiciones para el mejoramiento
productivo de los niveles de vida de la población.
-Promover y fortalecer la participación y la gestión de las organizaciones sociales y de las
autoridades locales.”

Sus propósitos eran finalmente muy específicos, para cuyo logro se dirigió la atención a las áreas a cargo de la alimentación, regularización de la tenencia de la tierra y vivienda, procuración de justicia, apertura y mejoramiento de espacios educativos, salud, electrificación de comunidades, agua potable, infraestructura agropecuaria y preservación de recursos naturales, mediante la puesta en práctica de proyectos de inversión recuperables.

La política de combate a la pobreza se realizaría a su vez mediante la asignación de proporciones presupuestales crecientes, mismas que fueron financiadas por la privatización de empresas paraestatales.

Con algunas importantes modificaciones y con el nombre de Progresa, durante el sexenio de Ernesto Zedillo y Oportunidades, durante el sexenio de Vicente Fox y Felipe Calderón, estos programas han seguido constituyendo el tronco principal de la política social del gobierno federal en México.

Desde mi punto de vista, estos programas no resuelven los problemas de pobreza, marginación y desigualdad que hay en nuestro país y así lo demuestra el índice de Gini de México que nos muestra cómo nuestro país es de los mas desiguales en América Latina, con un coeficiente de Gini medio de 0.53.

Lo que nos hace pensar que estos programas están diseñados para contener la pobreza en rangos que no representen un peligro para el Estado al darle a las clases más desfavorecidas a modo de aspirina un apoyo que los mantenga en stand by y que no caigan en la tentación de organizarse para exigir mayores concesiones y/o subsidios por parte del Estado.

Asimismo, estos programas son compatibles con el régimen impuesto por los organismos financieros y comerciales internacionales, los cuales incluso los apoyan a través de prestamos del Banco Interamericano de Desarrollo, favoreciendo programas y proyectos que siguen la lógica de desarrollo neoliberal y dejando a un lado los problemas de fondo que ayudarían a un verdadero desarrollo económico y social de nuestro país.