Académicos y académicas de diversas instituciones de educación superior en México, respaldan, a través de una carta pública, de manera incondicional al Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI). Asimismo exigen se acaten las recomendaciones emitidas en el informe dado a conocer el pasado 6 de septiembre.
La misiva dirigida al titular del ejecutivo, el secretario de Gobernación, la canciller, el órgano legislativo y las autoridades correspondientes de Guerrero, buscan el esclarecimiento de las “inconsistencias y engaños contenidos en la investigación ministerial de la Procuraduría General de la República”, sostienen.
Asimismo, solicitan la ampliación del acuerdo por el cual el GIEI se encuentra en el país hasta que se concluya con la investigación sobre el hecho que el próximo sábado 26 cumplirá un año de ocurrido.
El grupo de académicos de la Universidad Iberoamericana, la Nacional Autónoma de México, el Instituto Tecnológico de México y otras instituciones de educación superior, exigen la apertura a documentación, personas e instituciones vinculadas con los hechos del pasado 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero. En particular enfatizan se brinden facilidades para que el Grupo de Expertos entreviste a miembros del Ejército Mexicano e ingrese a instalaciones militares.
Asimismo, reprueban la descalificación que autoridades federales y locales hicieron del informe presentado por el GIEI. Por otro lado, puntualizaron que la llamada “verdad histórica”, dada a conocer por el entonces procurador Jesús Murillo Karam, es insostenible y su defensa revictimiza a los normalistas desaparecidos.
Detener criminalización de protestas, otra exigencia
Los cerca de 90 firmantes de la misiva puntualizan que las manifestaciones públicas no se deben criminalizar pues son una derivación de la ineficiencia e ineficacia de las instituciones del Estado mexicano.
Tras señalar que refrendan su compromiso con los familiares y las organizaciones civiles que exigen la aparición con vida de los normalistas, recordaron que el Estado debe hacer lo propio y garantizar el acceso a la justicia de las víctimas, así como castigar a los servidores público que obstaculizaron la acción de las autoridades.
Entre los firmantes destacan José Luis Caballero Ochoa, Director del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana; Juan Carlos Arjona Estévez, Coordinador de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana; Jane Dale Lloyd Daley, Directora del Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana; Marisol López Menéndez, Profesora del Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana; Helena Varela, Directora de la División de Estudios Sociales de la Universidad Iberoamericana; Sandra Serrano, Coordinadora de la Maestría en Derechos Humanos y Democracia de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
También está la rúbrica de Mónica González Contró, Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Rodrigo Gutiérrez, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Aleida Hernández Cervantes, Investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM; Luis González Placencia, Secretario Académico de la Universidad Autónoma de Tlaxcala; Miguel Sarre, Académico Investigador del Instituto Tecnológico Autónoma de México; José Caballero, Académico Investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas; Iván García Gárate, Colegio de Derechos Humanos y Gestión de Paz, Universidad del Claustro de Sor Juana; Ruth Belinda Bustos Córdova, Docente de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad Morelos; entre otros.