Chile VS México: enseñanzas sobre la protesta y educación

“…La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla
y la policía no será la maldición de quienes no puedan comprarla…”
– Eduardo Galeano; Derecho al Delirio.

Chile ha dado una gran sorpresa a México, y no es albur ni me refiero a la mediocre participación de la selección mexicana ante la goliza propinada por los sudamericanos el sábado pasado; sino más bien a las lecciones en materia social y de educación que está dando la protesta estudiantil y el gran apoyo que brindó la sociedad desde su metrópoli en los últimos meses y hasta años.

Sin intención de minimizar otros movimientos importantes, como las exigencias de los profesores de Perú en tiempos de elecciones, los logros alcanzados por los profesores universitarios bolivarianos en Venezuela, las marchas en España en contra de las posibles reformas y reducción de servicios públicos que impondrán desde Bruselas, sea cual sea el partido que quede en el poder, o las marchas en Francia contra los ajustes a las leyes laborales; en esta ocasión nos enfocaremos en el Movimiento estudiantil chileno y las protestas en contra de la reforma educativa en México, encabezadas por la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE).

Comenzando por el país suramericano, es bien sabido que el estallido social de 2011 fue especialmente llamativo por el entusiasmo de los jóvenes chilenos, quienes comenzarían con una protesta pequeña que alegaba el retraso en la entrega de becas hasta que el movimiento llegó al borde de retomar y refutar la recién creada Ley General de Educación (LGE), que remplazó a la vieja Ley Orgánica Constitucional de la Enseñanza (LOCE), sobreviviente desde los tiempos de la dictadura de Pinochet y que había sido utilizada por ese régimen para poner a prueba la tesis neoliberal de la ‘no intervención’ del Estado en el rubro de la educación; en otras palabras: dejar a los privados la parte económica de la educación y restringir al Estado de la gratuidad que firmó en convenciones mundiales sobre la educación (como el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros).

Aunque desde 2006, la “Revolución pingüina” había logrado derogar la LOCE y presionar lo suficiente al Estado que creó la LGE como respuesta, la raíz neoliberal en el aparato educativo chileno sigue presente y bastante fuerte, pues de las 59 universidades reconocidas por el Consejo de Rectores de Universidades Chilenas, tan solo 19 son públicas. Es decir, la ley del siglo pasado, que anteriormente colocaba al Estado sólo como un agente regulador y meramente observador, sigue estancada por diversos factores, entre los que destacan los desacuerdos entre el oficialismo y las oposiciones conservadoras (que llegan hasta vitorear consignas de Pinochet en los debates parlamentarios contra la gratuidad en la educación), hasta que no se puede obligar a las universidades privadas a sumarse a la gratuidad pues los incentivos gubernamentales son insuficientes para una población que apenas llega a los 13 mil dólares per cápita, y a pesar que a finales de 2015 se publicó la Ley de Gratuidad en la Educación Universitaria, apenas se ha podido abarcar, alrededor, de un 30 por ciento de los jóvenes de escasos recursos en ese país, unos 178 mil estudiantes.

La batalla de los estudiantes chilenos no concluyó allí, y en mayo de 2016 las exigencias de sectores estudiantiles y docentes han retomado mucha fuerza, y desde hace una semana 105 escuelas superiores en el país se encuentran en paro y están convocando a un paro general indefinido que comenzaría el próximo 23 de junio. Las exigencias son reconstruir y ampliar la educación pública a nivel nacional, de manera tangible y al alcance real de la población, pues el próximo 30 de junio el congreso debatirá lo contenido en 300 artículos a la reforma educativa que pone al Estado en jaque ante sus partidos aliados y opositores.

Por otro lado, en México, aunque es evidente que se requieren hacer grandes cambios en el sistema educativo del país, persiste la cerrazón y la barbarie por parte del Estado contra las exigencias de una revisión a la mal llamada reforma educativa. Desde enero pasado, la CNTE pidió restablecer la mesa de diálogo con el gobierno federal, pero, hasta la fecha, este último ha respondido con medidas que van desde el arresto de sus líderes y ex líderes sindicales, al mero estilo de una cacería de brujas, el despido de profesores que acudan a manifestarse, hasta la brutal represión en contra del movimiento y la censura e información parcial por parte de los medios de comunicación masivos, sobre las vertientes del conflicto del magisterio en Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Veracruz y otros nueve estados de la República.

Desde la reforma a los artículos 3° y 73°, en el año de 2013, el Estado pasó a reglamentar una serie de condicionales para crear un “servicio profesional docente” por medio de la permanencia de los profesores a través de concursos, la evaluación periódica y controlada, y la puesta en marcha y consolidación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), que supuestamente sería autónomo, no perseguiría fines políticos ni partidistas y consolidaría el carácter democrático reformado en la educación (artículo 3°, inciso A), pero que sus consejeros y presidentes, son designados por del ejecutivo federal con ratificación del senado (todo sin fines políticos, según se insiste).

Sin embargo, ni siquiera los mismos candidatos a la junta de gobierno del INEE, estuvieron de acuerdo con la forma establecida para evaluar a los profesores, y en la comparecencia ante el Senado, en abril de 2014, algunos de ellos declararon que en la evaluación se excluyen a los magisterios, tanto en la forma de evaluación, así como incluirlos como diseñadores y usuarios de los lineamientos; además, las evaluaciones no cuentan con mecanismos que impulsen la profesionalización y desarrollo de competencias. Por su parte, los docentes no se han mostrado en contra de ser evaluados, sino más bien reprochan la nueva modalidad de contratación a la que se someten con la evaluación y, desde luego, a los nuevos condicionamientos que pretende generalizar los criterios de evaluación de profesores urbanos y rurales por igual, sin tomar en cuenta el rezago educativo que existe ya desde hace decenios, y que ahora simplemente el gobierno federal pretende esconder bajo una alfombra de indiferencia y exclusión hacia los grupos marginados de siempre, de entre ellos los pueblos originarios.

El día de ayer, domingo, tras un operativo policial conjunto para desbloquear la autopista Oaxaca-Cuacnopalan, se registró una brutal represión en contra de pobladores y una parte del ala más radical del sindicato de maestros en Nochixtlán Oaxaca, que, se presume, continuó durante la noche en la capital del estado. Ante los hechos registrados en la entidad, medios independientes lograron captar el uso de armas por parte del cuerpo de agentes federales, quienes desmintieron en un principio esta versión y más tarde ratificarían ante la oleada de denuncias que inundaron los portales de medios informáticos y redes sociales. La versión más reiterativa asegura la muerte de seis civiles tras el episodio de violencia, entre ellos un periodista, además de un oficial de policía. Por otra parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido sus incipientes e ineficientes declaraciones para vigilar el debido proceso a los detenidos en el conflicto magisterial.

Organismos gubernamentales han seguido participado directa e indirectamente en el conflicto desde hace semanas. Posterior a la elección, el secretario de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño, ha aprovechado la alianza entre el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, y el conflicto que tiene con el magisterio de profesores disidentes, para seguir atacando mediática y sistemáticamente al partido que logró consolidarse como un factor de oposición incomoda ante un PRI castigado y un PAN que logró recuperar estados aprovechando estos factores: una izquierda dividida y un oficialismo ineficiente ante el papel de salvador del Estado.

Ante los paradigmas neoliberales, que pretenden evaluar el desempeño de todos los rubros, los ciudadanos nos seguiremos preguntando ¿hasta cuándo se realizarán bajo esa misma tendencia las evaluaciones políticas?, ¿se volverá obligatoria la rendición de cuentas por parte de funcionarios públicos, en especial los que fueron erigidos por medio del voto popular, de los organismos públicos federales y locales, así como el funcionamiento de los demás sindicatos que llevan años sin ser cuestionados sobre su desempeño y roles que ejercen y que afectan a la vida de los ciudadanos? La misma iniciativa de Ley 3de3, promovida por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y varios think tanks, no fue bien vista por el partido en el poder, quienes la aprobaron con miras a reformarla a apenas unos días de hasta haber incluido a los mismos empresarios que pretendían luchar contra una corrupción, que tal vez no les ha redituado del todo. De entre los perdedores, como siempre, nosotros los ciudadanos.

Más allá del 7-0, México tiene mucho que aprender de Chile sobre protestas y organización.