Soberanía alimentaria y privatización de la naturaleza

Por César Soto Morales

En su prólogo a la obra de Polanyi, La Gran Transformación, Stiglitz menciona “Les decimos a los países en desarrollo lo importante que es la democracia, pero, cuando se trata de asuntos que les preocupan más, lo que afectan sus niveles de vida, la economía, se les dice: las leyes de hierro de la economía te dan pocas opciones, o ninguna; y puesto que es probable que tú (mediante tu proceso político democrático) desestabilices todo, debes ceder las decisiones económicas clave”.

Entonces, democracia sí, soberanía económica no. Ésa la fórmula que se aplica para las economías de los países del Sur, este tipo de soberanía tiene incidencia decisiva sobre las políticas públicas aplicadas a la producción de alimentos ya que su carácter de bien de primera necesidad hace a esta actividad una de las más rentables en el modo de producción capitalista neoliberal.

De acuerdo a Polanyi, la creación de una economía de mercado autorregulada requiere que los seres humanos y el ambiente natural se conviertan en simples mercancías, lo que asegura la destrucción de la sociedad como del ambiente.

La tierra, el trabajo y el dinero son las llamadas mercancías ficticias puesto que no se produjeron originalmente para venderse en el mercado; el maíz es producto de la tierra y el trabajo, por lo tanto es una mercancía ficticia dada su importancia para la sobrevivencia del ser humano, en particular en Mesoamérica por su carácter de alimento en la dieta básica, así como sus usos para alimentación de ganado, principal fuente de proteínas de la humanidad[1].

Los dos niveles en el argumento de Polanyi, por el cual la mercantilización de la naturaleza tiene consecuencias de autodestrucción de las sociedades, se sustentan en el plano moral y el del papel del Estado en la economía.

La cuestión de tratar al ser humano y a la naturaleza como un objeto que puede ser vendido y comprado es un error moral de gran magnitud; la alimentación como producto de la tierra y del trabajo del ser humano constituye un bien natural no comerciable, sino más bien una necesidad humana que debe ser cubierta, cualquier forma de mercantilización o privatización de la producción de alimentos a gran escala y con fines de lucro a costa de comprometer la soberanía alimentaria de un pueblo debe ser regulada por el Estado.

Como lo menciona Polanyi, los gobiernos han buscado mantener la continuidad en la producción alimentaria con diversos instrumentos que liberan la presión de los campesinos respecto de las presiones de las cosechas fluctuantes y los precios volátiles.[2]

El Estado, de acuerdo a los argumentos del autor, debe manejar las mercancías ficticias para regular el efecto destructivo de dejárselo todo a la libertad del mercado, la cual llevaría a la sociedad a una etapa de autodestrucción; esto hace virtualmente imposible dejar fuera al Estado de las decisiones económicas más, aquellas que tienen que ver con la tierra, el trabajo y el capital y, si lo vemos de una manera más actual, también es necesaria la participación estatal en sectores como el tecnológico y el área de investigación y desarrollo.

Según Polanyi “las mercancías ficticias explican la imposibilidad de desarraigar la economía. Las sociedades de mercado reales necesitan que el Estado desempeñe una función activa en el manejo de los mercados, y esa función requiere decisiones políticas; no puede reducirse a una suerte de función técnica o administrativa. Cuando las políticas estatales se mueven en dirección del desarraigo al confiar más en la autorregulación de los mercados, el pueblo se ve obligado a absorber costos mayores. Los trabajadores y sus familias se vuelven más vulnerables ante el desempleo, los campesinos se exponen a una mayor competencia de las importaciones, y a ambos grupos se les pide que lo hagan con menos derechos asistenciales”.[3]

Como es de esperarse, los afectados por las políticas de autorregulación no aceptaran absorber los costos de las políticas liberales sin ofrecer resistencia, esto es llamado contramovimiento de Polanyi, la resistencia al cambio, que de no existir llevaría a la sociedad a la autodestrucción, da lugar al surgimiento de movimientos y organizaciones que luchan en contra de la mercantilización de la naturaleza, -en este caso de la soberanía alimentaria-, ha dado surgimiento a movimientos globales de resistencia, el más importante de ellos es la vía campesina.[4]

En contraflujo y en el extremo liberal están las fuerzas del mercado, las cuales se imponen desde los países más poderosos del orbe (Unión Europea, Estados Unidos y Japón) y, conjuntamente, sus grandes empresas transnacionales, las cuales se ven favorecidas por los regímenes internacionales creados para su expansión global.

A través de las reglas generadas desde el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la Organización Mundial del Comercio (OMC), se dicta la forma en que deberán ser diseñadas las políticas públicas de los Estados sujetos a estos organismos.

Los regímenes internacionales son herramienta conductora de los intereses de las economías más poderosas. De acuerdo con Krasner, hay una relación entre hegemonía y apertura del comercio mundial, según la cual la estructura del comercio internacional está determinada por los intereses y el poder de los Estados para maximizar sus metas nacionales.

Este autor define a los regímenes internacionales como un conjunto de principios explícitos o implícitos, normas reglas y procedimientos de toma de decisiones que giran alrededor de las expectativas convergentes de los actores en un área determinada de las Relaciones Internacionales.

Estas reglas y principios señalan estándares de creencias y conductas, definidas en términos de derechos y obligaciones y en los procedimientos de toma de decisiones, done prevalecen prácticas para hacer e implementar la decisión colectiva.[5]

Si lo vemos de una manera literal, el concepto de Krasner parece apoyar el orden establecido, sin embargo, si tomamos en cuenta la concepción de Susan Strange, el modelo parece estatocéntrico y sesgado.

Mas una mezcla de las dos visiones puede dar buenos resultados si tomamos la teoría de los regímenes desde una perspectiva donde las economías dominantes imponen su lógica de desarrollo a los países del sur, a través de las organizaciones económicas internacionales, de esta manera y aplicado a nuestro objeto de estudio, en este trabajo tenemos la visión de seguridad alimentaria de la FAO y de la OMC, en contraposición con la de soberanía alimentaria de la vía Campesina.

La visión de Keohane de los regímenes internacionales nos da pauta a interpretar cómo estos facilitan el intercambio comercial en el sector alimentario, favoreciendo los intereses de quienes dictan los principios, las reglas y los procedimientos en el comercio internacional; según este autor, la existencia de regímenes internacionales ayuda a evitar que los intereses económicos entren en conflicto y produzcan “fallas” en el mercado.

Los regímenes internacionales:
-Reducen la incertidumbre
-Promueven la cooperación
-Facilitan las transacciones económicas y nuevos acuerdos
-Facilitan la obediencia por reglas comunes[6]

Es decir, constituyen, según mi punto de vista, la facilitación del movimiento de los factores de producción a través de las fronteras nacionales, dejando con esto campo abierto a las grandes empresas transnacionales para que aprovechen la dotación de factores que hay en los mercados que están siguiendo las reglas de un régimen económico en particular.

De esta manera y siguiendo a Porter, la conformación de regímenes internacionales facilita la localización de las Empresas transnacionales en los lugares más eficientes para la producción de bienes y servicios, lo que da pie a la plantación estratégica que éstas les indica, y dónde, cuánto y qué producir.

En el sector agroalimentario, en particular en la producción de maíz, podemos identificar en primer término el régimen comercial de la OMC y los Tratados de libre comercio, específicamente el TLCAN para el caso de México, y la OMC y el MERCOSUR para Brasil y Argentina, siendo el común denominador para los tres países el régimen financiero internacional del FMI.

De esta manera, los grandes corporativos agroindustriales estadounidenses -Cargill, ADM, Monsanto, Bounce- aprovechan sus ventajas monopólicas a través de la Inversión extranjera directa (IED), manteniendo una estrategia expansionista y controlando la mayor parte de la producción y la cadena productiva del maíz.

Favoreciendo el desarrollo desigual de las economías, ya que la gran empresa mantiene el control de la cadena productiva y deja en segundo término a las empresas nacionales, las cuales se limitan al papel de proveedores de las grandes corporaciones transnacionales; éstas, al contar con el apoyo de los regímenes financieros y económicos liberales, aprovechan su dominio del mercado para manejar los precios a su conveniencia.

El manejo de los precios se da sin tomar en cuenta las necesidades alimentarias de la población y con la visión del lucro por encima de cualquier otro objetivo de desarrollo agrícola o de salvaguardar la soberanía alimentaria de un pueblo.

Ante esto, los Estados que están bajo las normas del régimen económico, financiero y de propiedad intelectual de corte neoliberal, no tienen mucho que hacer, puesto que han dejado las decisiones económicas fundamentales a entes privados, los cuales sólo buscan rentabilidad. Dicha situación deja a las políticas públicas de apoyo a los agricultores en segundo plano, dado que a partir del ingreso a estos regímenes neoliberales se abandonaron los apoyos al campo y a los bienes derivados de éste.

Por otro lado, la privatización del conocimiento y de la biodiversidad también forma parte de la mercantilización de la naturaleza, las reglas en materia de propiedad intelectual de la OMC protegen bienes públicos tales como las variedades de semillas de maíz y los convierten en bienes privados, lo que les da derechos de exclusividad para la producción de alimentos.

De esta manera, las políticas públicas neoliberales permiten la privatización para la creación y difusión del conocimiento, el cual tiene características de bien público, mas se permite la apropiación de este tipo de bienes para estimular la inversión.

Esto tiene como consecuencia una grave baja en la utilización del conocimiento, el cual está en manos de unas cuantas corporaciones privadas que siguen investigando y patentando nuevas semillas y agroquímicos con el único fin de acumular más capital y seguir fortaleciendo sus ventajas monopólicas en el mercado. A través de estos acuerdos, siendo el TRIPS su principal exponente, los países ceden parte de su soberanía económica e incluso parte de sus riquezas en biodiversidad a los grandes corporativos transnacionales.

Estos se encargan de explotar tanto a los conocimientos como a los seres vivos, modificándolos, en algunos casos, genéticamente para lograr mayor producción, amenazando con esta acción el equilibrio ecológico y poniendo en peligro la soberanía alimentaria de la humanidad y su biodiversidad al estar a merced de los grandes corporativos biotecnológicos y los descubrimientos milenarios de las poblaciones nativas desprotegidos y en espera de ser registrados para su privatización y posterior comercialización y/o modificación genética.

Por último y para cerrar este debate teórico no se puede dejar afuera a Robert Cox, quien está en la misma sintonía de Marx y Polanyi, al hablar sobre las contradicciones en las fuerzas materiales de producción, las cuales son las que desencadenan en transformaciones estructurales.

Asimismo, el trabajo de Gramsci también puede verse en las ideas de Cox, al argumentar que quien tiene el control hegemónico de las ideas y las estructuras de conocimiento puede legitimizar y mantener un determinado orden social.[7]

Como ya lo hemos visto, la alimentación puede ser objeto de apropiación del conocimiento, y a través de este control, los países que tienen empresas propietarias de patentes pueden mantener un orden económico y social determinado en donde tengan la manija de la producción de lo más básico, en este caso, pueden dominar la alimentación de una nación, lo cual nos deja ver cuán valida es la aplicación de las ideas gracianas a nuestro objeto de estudio.

El cambio sistemático sólo se da por la transformación estructural derivada de las contradicciones inherentes al sistema, sean del carácter de la lucha de clases al más puro estilo del marxismo clásico o del contramovimiento de plañí, pasando por la conformación del bloque histórico de Gramsci.

Actualmente, con la globalización económica mundial, la formación de regímenes internacionales que favorecen la libre movilidad de factores productivos y la transnacionalización de las industrias alimentarias, en particular la concentración del poder de decisión dentro de los regímenes internacionales, se da en los países miembros de la triada económica mundial (Unión europea, Estados Unidos y Japón).

Cada uno de ellos conservando su área de influencia: la Unión Europea teniendo como zona de servicio a la Europa oriental y parte de África y medio oriente, Estados Unidos tiene a Latinoamérica y sus zonas de influencia en África, Asia y Medio oriente, y Japón tiene al sureste asiático y sus zonas en América, y Medio Oriente.

En esta sintonía se puede argumentar, de acuerdo a los autores que hemos revisado en este trabajo, que la soberanía alimentaria de México está en manos de las empresas transnacionales estadounidenses, y por el mismo rumbo van Brasil y Argentina, pero dada su inserción en un régimen comercial diferente al de México, tienen algunas diferencias en la aplicación de políticas públicas en el sector, las cuales están influidas irremediablemente por la presencia de los corporativos estadounidenses.

Dichos corporativos gozan de ventajas monopólicas, las cuales explotan a través de la plantación estratégica, aprovechando la dotación de factores que son aprovechados a través de la localización de subsidiarias en las zonas donde gozan de preferencias comerciales y de inversión gracias a la pertenencia de las economías a regímenes internacionales dominados por la economía líder, en nuestro caso los Estados Unidos.[8]

Nuestros países están asegurados por la economía líder a través del FMI, la OMC y el TLCAN, y sus reglas determinadas para el desarrollo al estilo Neoliberal, el cual asegura las condiciones de acumulación de capital de las grandes empresas. Y la mercantilización de los recursos naturales avanza cada vez más, amenazando la biodiversidad y el equilibrio ecológico, contando con la anuencia de gobiernos serviles a los intereses del capital por formar parte de este mismo e inmersos en el dogma neoliberal que cada día avanza privatizando todo lo que se puede vender, aunque sea algo intangible o incluso una idea novedosa.