Terrorismo: una excusa para la criminalización de la protesta social

Por César Soto Morales*

Como es sabido, la política exterior de Estados Unidos tras el 11-S se volcó contra el terrorismo internacional, América Latina no fue la excepción y la estrategia militar norteamericana consistió en construir socialmente el enemigo bajo tres parámetros: Terrorismo, Populismo Radical y Narcotráfico, cuyos ejes cumplen la función de ligar toda actividad política popular o de insubordinación contra los Estados Unidos con actividades consideradas de alto riesgo para la democracia occidental.

Esto ha justificado el endurecimiento del trato hacia gobiernos considerados enemigos de la democracia, mientras a los llamados “amigos o socios”, como México, se les apoya por ser regímenes cercanos a la ideología Neoliberal y con tintes represores hacia los movimientos políticos y sociales que puedan ser peligrosos para el régimen económico imperante que favorece a las grandes corporaciones estadounidenses, y sus aliados europeos y asiáticos.

Nuestro país es estratégico en la economía global, pues al estar bañado con dos océanos y tener contacto comercial directo con las principales economías globales de la triada económica mundial (Estados Unidos-Unión Europea-Japón), constituye una pieza más que estratégica para la economía estadounidense; una pieza que hay que cuidar y proteger de las tentaciones de caer en la oleada de gobiernos nacionalistas que vienen del Sur del subcontinente y están encabezados por Venezuela y seguidos por Argentina, Brasil y Ecuador.

En 2006, nuestro país estuvo en “peligro” de seguir esa oleada con el virtual triunfo del candidato de izquierda Andrés Manuel López Obrador, hoy fundador del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA). A partir de ahí, se ha endurecido la política interna en contra de movimientos sociales, estudiantiles, campesinos e incluso partidos políticos que sean identificados con esta tendencia.

Casos como Ayotzinapa, Atenco, Tlatlaya, el ataque a los líderes de las autodefensas en Michoacán, el hostigamiento sistemático al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y las trabas a la conformación de Morena como nueva fuerza política, así como el acoso e incluso asesinato de algunos de sus fundadores, son muestra de esta política dictada desde el Norte y ejecutada por los fieles presidentes de la República en turno.

Los objetivos de nuestro vecino del norte se están alcanzando a costa de sangre y sufrimiento derivado de una imposición de políticas que de no ser por el miedo infundido a la población, y la justificación de la mano dura bajo el pretexto de la guerra contra el narcotráfico, no hubieran sido posibles.

Ejemplo son las reformas privatizadoras que siguen avanzando en favor de los intereses económicos de la economía estadounidense:

Reforma Laboral: Abaratar aún más la mano de obra mexicana para que las corporaciones puedan explotarla y competir en este mundo de bloques económicos, contra los europeos y japoneses.

Reforma energética: Poner a disposiciones de las corporaciones Norteamericanas los yacimientos de petróleo y gas Shale para seguir asegurando la preeminencia energética de Estados Unidos.

Reforma Fiscal: Continuar con los incentivos fiscales ofrecidos, a fin de incrementar la inversión de las corporaciones.

Las que vienen en marcha no se quedan atrás, como la reforma al sistema de salud, para transferir los servicios hacia las grandes farmacéuticas, laboratorios y privatizar la atención médica, eliminando la molesta competencia del Estado.

Los que se opongan a estos designios serán eliminados, política o físicamente y los movimientos y partidos políticos que se opongan sufrirán las consecuencias de los atentados del 11 de septiembre.

*Catedrático de Relaciones Internacionales en la UNAM
Secretario de Cultura de Morena en el Estado de México