La Administración Pública: El elefante blanco en la habitación

Mucho se dice sobre el servicio público y sobre quienes lo integran. Entre mitos persistentes y críticas fundadas, el debate suele oscilar entre la caricatura y la generalización. Lo que aquí expongo no pretende erigirse como verdad absoluta, sino como una reflexión basada en mi experiencia profesional. Desde luego, quedan fuera de esta crítica las y los servidores públicos cuya trayectoria, profesionalismo y compromiso han demostrado que otra administración es posible. 

Con el inicio de la llamada “Cuarta Transformación”, uno de los ejes discursivos fundacionales en materia administrativa fue la denominada austeridad republicana. El concepto adquirió centralidad política y simbólica. Sin embargo, más allá de coyunturas ideológicas, el artículo 134 constitucional ya establecía desde antes principios rectores claros para la gestión pública: eficiencia, eficacia y economía en el uso de los recursos. Estos no son postulados circunstanciales, sino mandatos permanentes para quienes administran el patrimonio del pueblo mexicano.

He observado cómo estos principios, en distintos momentos, se han visto debilitados. A veces por el propio diseño institucional y otras por interpretaciones que, en lugar de facilitar la gestión, la vuelven excesivamente cautelosa. No siempre se trata de malas intenciones; en muchos casos, el problema radica en marcos normativos complejos o en el temor legítimo de los servidores públicos a tomar decisiones dentro de un entorno que perciben como más sancionador que orientador.

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Un ejemplo ilustrativo es la paradoja que enfrentan quienes administran contratos y recursos públicos: la aplicación de penalizaciones a proveedores o prestadores de servicios puede traducirse, en el ejercicio fiscal siguiente, en ajustes o reducciones presupuestales. El mensaje institucional termina siendo ambiguo. En lugar de incentivar el cumplimiento estricto de los contratos y sus anexos, se genera un desincentivo indirecto para documentar y sancionar incumplimientos.

A ello se suma un fenómeno igualmente preocupante: ante errores visibles o desviaciones evidentes, algunos administradores optan por minimizar el conflicto antes que exponerse a cuestionamientos internos o auditorías. No necesariamente por dolo, sino por una lógica de autopreservación dentro de un sistema que castiga más la visibilidad del problema que su existencia.

Es en este contexto donde surge una pregunta inevitable: ¿dónde queda el derecho a una buena administración? Si el centro de la función pública debe ser la persona y la garantía efectiva de sus derechos, resulta preocupante que las dinámicas internas desplacen ese enfoque hacia la autoprotección institucional o individual.

Cuando afirmo que, en ocasiones, el deterioro es intencional, lo hago desde la experiencia. Existe una forma de ineficiencia que no es accidental, sino funcional: aquella que prolonga procesos, multiplica trámites y simula actividad constante. Una ineficiencia que, paradójicamente, asegura permanencia.

En ese tránsito silencioso, pareciera que se invirtieron las prioridades: comenzó a valorarse más la apariencia de carga de trabajo que la obtención de resultados medibles. Y así, la productividad real cedió terreno frente a la cultura del “estar ocupados”.

En un diplomado en contrataciones públicas que cursé recientemente, una compañera planteó una pregunta que parecía inevitable: ¿cuándo avanzará la administración pública hacia la adopción de smart contracts y tecnologías como blockchain para garantizar trazabilidad y reducir espacios de corrupción?

La respuesta no abordó la viabilidad técnica ni el marco jurídico. Se limitó a reconocer una realidad incómoda: la resistencia estructural al cambio dentro de la propia administración. Esa resistencia es, precisamente, el “elefante blanco” al que alude este texto.

¿De dónde proviene ese elefantismo? En parte, de marcos normativos complejos y diseños institucionales que dificultan la innovación. Pero también, y esto es más incómodo, de la actitud de algunos servidores públicos que encuentran en la opacidad, la dilación o la hiperregulación una forma de permanencia que quizá no tendrían en un sistema más transparente, automatizado y orientado a resultados. 

Se trata, en realidad, de un problema estructural que no se limita a casos aislados. Encuentra tolerancia, silencios y, en algunos casos, complicidades dispersas a lo largo de la administración pública. 

Como contraste, también debo reconocer la labor de las y los servidores públicos con quienes coincidí durante mi paso por la administración pública. Independientemente de afinidades o diferencias con el proyecto político en turno, encontré en este una ética de servicio que marcó mi propia práctica profesional.

De ellas aprendí que toda erogación —no solo de recursos financieros, sino también de capital humano y tiempo institucional— debe asumirse con plena conciencia de que se trata del patrimonio colectivo. Administrar implica recordar, en todo momento, que se gestionan recursos que pertenecen a todas y todos los mexicanos.